El Presidente de la República sancionó la Ley 1369, que fortalece las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácidos, álcalis o sustancias similares que generen daño o destrucción de la piel.

Según la reforma al artículo 113 del Código Penal (Ley 599 del 2000), los agresores que causen deformidades físicas con estas sustancias serán castigados con penas entre los 72 y los 126 meses de prisión y multas de 34 a 54 salarios mínimos mensuales. Si se afecta el rostro de la víctima, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministe­rio de Industria y Comercio, determinará los criterios de clasificación de los ácidos, que deberán ser registrados para la venta al público.

La norma define una ruta de atención integral para las víctimas y les garantiza mecanismos para proporcionarles ocupación o continuidad laboral.

Los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado.

Finalmente, los prestadores de los servicios médicos tendrán  la obligación de llevar un registro y reportar a las autoridades competentes sobre las personas atendidas por lesiones corporales causadas con ácidos.

(Ley 1369, jul. 2/13)