Una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que la falta de fundamentación de las decisiones de segunda instancia también estructura el delito de prevaricato por acción. Es necesario recordar que, en virtud del artículo 413 del Código Penal, modificado por la Ley 890 del 2004, incurre en esta conducta delictiva el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Conozca en la sentencia adjunta a esta nota el caso de dos jueces civiles de Puerto Tejada (Cauca) que fueron hallados responsables del concurso de delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción (M. P. Eugenio Fernández Carlier).