Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de recordar el deber constitucional de las autoridades judiciales, en especial el de la Fiscalía General de la Nación, de mantener actualizada la información contenida en sus bases de datos, para evitar privaciones injustas a la libertad, las cuales, afirma, le siguen generando cuantiosas pérdidas patrimoniales al Estado. En efecto, el pronunciamiento se dio luego que el alto tribunal analizara una acción de reparación directa que se fundamentó en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de conformidad con los artículos 65 y 69 de la Ley 270 de 1996. De igual manera, la sala recordó que en estos casos se presume el dolor moral de la persona que fue privada injustamente de su libertad y, para efectos de establecer la cuantía de indemnización de este perjuicio, se debe tener en cuenta, si la detención es inferior a un mes y el afectado es absuelto, que se debe reparar a la víctima con 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes; pero si es condenado se debe indemnizar al procesado con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoriada la sentencia (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).