Con el fin de minimizar la posibilidad de que a través de las diferentes actividades de las empresas transportadoras de carga se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte les acaba de ordenar el diseño e implementación de un sistema para la prevención y el control de tales ilícitos, denominado Siplaft, que deberá sujetarse a los lineamientos expuestos en la Circular Externa 11 del pasado 25 de noviembre. Las empresas deberán revisar las operaciones, los negocios y los contratos vigentes y poner énfasis en situaciones como la realización de transacciones con personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas, entre otras acciones.