La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió el caso de un condenado que en fase de ejecución de pena solicitó a la autoridad competente una copia íntegra y digital de la causa penal que se surtió en su contra y por la que se encuentra purgando una sanción.

Al respecto, realizó precisiones sobre la obligación del juez y del jefe del centro de servicios administrativos de los juzgados penales del circuito especializado de atender y resolver de manera mancomunada y en el marco de sus competencias la solicitud.

El alto tribunal estima que si el demandante en tutela pidió al juzgado una copia digital del proceso que se tramitó en su contra era obligación del titular de ese despacho asegurarse que tales documentos llegaran a manos del interesado, no siendo suficiente entonces que se limitara a remitir la petición al centro de servicios administrativos sin corroborar si se atendió la solicitud en debida forma y con prontitud.

De lo anterior es evidente que el derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente de postulación, le fue efectivamente vulnerado al tutelante, ya que su petición no fue resuelta de forma completa. Dicha vulneración se materializó de manera conjunta por el juez y el jefe del centro de servicios, ya que cada una de esas autoridades tenía la obligación de resolver la solicitud.

La Sala Penal confirmó la decisión del tribunal en la que se protegieron los derechos fundamentales del actor (M. P. Gerson Chaverra Castro).