"La Corte Suprema de Justicia recordó que la pena máxima para la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, cuando se impone como accesoria y no se está frente a un servidor público condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, es de 20 años. Este límite máximo opera incluso para los eventos en que el inciso 3º del artículo 52 del Código Penal autoriza imponer hasta ""una tercera parte más"" de la pena privativa de la libertad a la que accede. Por lo anterior, en todo caso deberá respetarse el límite establecido por el inciso 1º de la norma citada, dada la especificidad y claridad en su definición, puntualizó la Sala (M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández). "