Por cuarta ocasión, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para fallar una demanda en contra de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 del 2012).

Esta vez, el Ministerio Público solicitó que la Corte se abstenga de pronunciarse sobre las expresiones del artículo 2° de la norma, que fue demandada por una ciudadana argumentando que la definición de “víctima” vulnera el amparo de la familia como institución básica de la sociedad.

La entidad precisó que las razones aducidas como fundamento de la demanda no son ciertas ni suficientes. “La demanda parte de una interpretación equivocada de la norma, ya que la misma establece una noción amplia del concepto de ‘víctima’ que no supone la exclusión  o discriminación”, agregó. 

Si no se accede a la inhibición, la entidad también le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad condicionada del aparte demandado, señalando que, en todo caso, no excluye del concepto de víctima a los parientes en primer grado civil del miembro de la fuerza pública que haya perdido la vida.

(Procuraduría General de la Nación, Comunicado, ago. 21/13)