La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el aparte “las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional”, del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004).

Esta disposición establece que antes de iniciarse la audiencia de juicio oral las partes podrán solicitar, de manera oral o escrita, el cambio de radicación ante el juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior competente para decidir.

Según los demandantes, la expresión atacada quebranta el acceso a la justicia, el derecho de igualdad, el derecho de defensa y efectividad antes los tribunales y otros, por cuanto incurre en una omisión legislativa relativa al no incluir dentro de estos sujetos legitimados para deprecar el cambio de radicación a las víctimas del comportamiento punible, olvidándolos sin justificación alguna.

De igual forma, explica la demanda, no se observa una razón suficiente ni objetiva que amerite la exclusión de la víctima de quienes están legitimados para la solicitud.

Por el contrario, otorgarle a la víctima esta facultad no afecta el principio de igualdad de armas, ni constituye un desequilibrio para las partes envueltas en la litis.  

Corte Constitucional, Demanda D-11906, 19/12/16

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