Conflicto entre la Fiscalía y Minjusticia por iniciativas que rebajarían condenas

Son cuatro los proyectos de ley que hasta el momento se han radicado con un objetivo similar, la rebaja de las penas impuestas a condenados, el principal es de autoría del Ministerio de Justicia, pero también han presentado propuestas los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras; el Centro Democrático y Juan Manuel Corzo. La referencia inevitable, aunque el Gobierno niega esto, es la visita del Papa Francisco este año.

Al respecto, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó su preocupación sobre estas iniciativas que cursarán en el Congreso.

Sostuvo que de aprobarse se entregarían beneficios indiscriminados, puesto que se está enviando un mensaje equivocado a la sociedad colombiana. “Las señales que vamos a dar todos los días son más rebajas y subrogados penales, no tratamiento penitenciario, creo que nos estamos equivocando”, enfatizó Martínez. (Lea: Visita del Papa Francisco provoca presentación de proyectos para rebajar pena)

Sobre uno de los proyectos en cuestión, alertó que en casos como el de Odebrecht los implicados “obtendrían la libertad, teniendo en cuenta que no se excluyen las conductas contra la administración pública de aquellas que recibirían estos beneficios; la Fiscalía no comparte esa política criminal”.

Así las cosas, propuso un gran debate público nacional en el que participe la academia, especialmente las facultades de Derecho, con el propósito de trabajar en la construcción de una política criminal que pase por un análisis axiológico y que aporte a la consolidación de unas políticas públicas serias, las cuales “no respondan al capricho de unos pocos”, aseguró.

Consideraciones del Ministerio de Justicia

El nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en relación con el proyecto que establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad aclaró que esta no es una ley de jubileo.

Dijo que nunca ha presentado esta iniciativa bajo esa fundamentación teórica, toda vez que esa no es una razón suficiente en un Estado constitucional, pluralista y democrático. (Lea: Minjusticia impulsará iniciativas para mejorar programas de Derecho)

“Esto corresponde a una ley de subrogados y de beneficios para personas condenadas, que como todos los seres humanos hemos cometido errores. Nos hace falta una política criminal articulada y coherente, pues estamos pasando por una clara y franca violación de derechos humanos en las cárceles”, conceptuó Gil Botero.

Justamente, sobre este punto, afirmó que los centros de reclusión son una “vergüenza” no solo para Colombia, sino para la humanidad en general. De ahí que por su antigüedad es necesario reemplazarlas al no estar cumpliendo con la finalidad de la pena, que es resocializar y rehabilitar.

Pero también que el populismo punitivo no es el mejor camino para solucionar los delitos graves que aquejan a la sociedad y que hay formas de trabajo social que pueden contribuir a resocializar efectivamente a las personas que han sido condenadas; “quiero aclarar que no estoy generando un discurso de impunidad para aquellos que trasgreden la ley”, concluyó.

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