Como en 1997 y 1998 no era unánime la posición doctrinal y jurisprudencial sobre la procedencia del grado jurisdiccional de consulta a favor de Foncolpuertos, la omisión de surtirla no podía considerarse contraria a la ley y una conducta prevaricadora, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia. Según el alto tribunal, en esos eventos, se debe hacer un análisis ex ante de tal instituto para la época de la emisión de las decisiones controvertidas (M. P. Luis Guillermo Salazar).