Condenan a fiscal que solicitó la mitad del dinero incautado en una diligencia de allanamiento

La falsedad ideológica en documento público, desde el punto de vista objetivo, tiene lugar cuando el servidor público consigna en el documento que de él proviene hechos o circunstancias ajenas a la realidad y por esa vía falta a su deber de verdad con efectos jurídicos e incumple, además, la obligación que le es propia, por su investidura, de certificar la verdad.

En lo que concierne a la tipicidad subjetiva, recordó la Corte Suprema de Justicia, este tipo penal solo admite la modalidad dolosa, es decir, es indispensable probar que el servidor público, al momento de extender un documento que pueda servir de prueba, obró con el conocimiento y voluntad de que creó un instrumento con potencialidad probatoria apartado de la realidad o la verdad.

El alto tribunal confirmó la condena impuesta a un fiscal por falsedad ideológica en documento público, ya que faltando a la verdad profirió una constancia en la que afirmó que una suma de dinero incautada por la policía judicial no había sido legalizada por razón de fuerza mayor, ni sometida a medida cautelar alguna, solicitando adelantar acción de extinción del derecho de dominio.

Según la Sala Penal, el acusado tenía la formación y experiencia judicial suficiente como para conocer que el dinero en cuestión había sido legalizado por el fiscal de URI ante el juez con función de control de garantías y, así mismo, para saber que si no procedía la imposición de alguna medida cautelar debía entregarlo de inmediato a su titular. Sin embargo, esperó más de tres meses desde la remisión del caso y la aprehensión para supuestamente alegar su falta de legalización.

También se confirmó la condena proferida por el delito de concusión, ya que se comprobó que solicitó la mitad del dinero que las autoridades hallaron en una vivienda en el marco de una diligencia de allanamiento y registro. La Corporación ha explicado que el verbo rector solicitar de este tipo penal debe tener la intención de vender la función pública y a través de ella recibir la suma de dinero solicitada (M. P. Jorge Hernán Díaz Soto).

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