El Ministerio de Justicia presentó una guía para acceder a la rebaja de pena por medio de actividades resocializadoras dentro del sistema penitenciario. Para optar a este beneficio, el condenado debe demostrar su participación en jornadas de estudio de al menos seis horas, enseñanza a otros internos, prácticas artísticas, deportivas o literarias o la ejecución de trabajo comunitario, siempre bajo supervisión y programación del centro de reclusión. El cómputo de tiempo para redimir la pena dependerá del tipo de actividad y del cumplimiento de los parámetros establecidos.

La solicitud de rebaja debe ser presentada ante un juez de ejecución de penas mediante un escrito firmado por un abogado de confianza o de oficio. El documento debe incluir las evidencias que justifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos, los cuales serán evaluados por el juez competente. Solo si se cumplen las condiciones legales, el juez podrá conceder la rebaja. En los casos de allanamiento a cargos o preacuerdos con la Fiscalía, el condenado deberá haber devuelto al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y garantizar el cobro de la parte restante. (Lea: Procedimiento para solicitar la libertad condicional ante el juez de ejecución de penas)

Cabe señalar que no todas las personas privadas de la libertad pueden acceder a este beneficio. La normativa excluye a quienes hayan sido condenados por delitos graves como terrorismo, secuestro, extorsión y sus delitos conexos. También se restringen los beneficios judiciales o administrativos para quienes hayan sido hallados culpables de delitos dolosos en los cinco años anteriores. Además, los beneficios no aplican a actividades realizadas en domingos o festivos, sin importar su naturaleza.

El trabajo comunitario como causal de redención de pena solo se admite cuando la condena no supera los cuatro años. Estas labores deben realizarse en el municipio o ciudad sede del centro penitenciario, o en obras públicas desarrolladas por ingenieros militares. Las rebajas buscan promover la resocialización del condenado y facilitar su retorno a la sociedad antes de cumplir la totalidad de la sentencia, siempre bajo criterios estrictos de cumplimiento y supervisión judicial.

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