Con base en la posible violación del artículo 29 de la Constitución (derecho a la defensa), se solicita la inexequibilidad del parágrafo 3º del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, agregado por el artículo 5º de la Ley 1696 del 2013, que dicta disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. De acuerdo con la demanda, la sanción por no permitir la realización de la prueba de alcoholemia es inconstitucional, pues abstenerse es la forma de ejercer el derecho fundamental a la defensa (demandante: Juan Sebastián Fajardo Vanegas).