Durante el foro de socialización del proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario y Carcelario, el viceministro de Política Criminal, Farid Benavides, aclaró que la iniciativa no busca la liberación masiva de internos.

“El código no afectará la seguridad ciudadana. No busca liberaciones masivas, busca equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos humanos. Es importante que no exista desinformación. Delitos como los ataques con ácido, la violencia intrafamiliar, el hurto calificado y agravado seguirán teniendo cárcel”, precisó.

El funcionario sostuvo que la propuesta apunta a  la resocialización de los internos, por medio de una escuela penitenciaria, y que solo en casos excepcionales y de urgencia se permitiría la contratación de vigilancia privada.

Sobre este aspecto, afirmó que “la propuesta de reforma al Código Penitenciario no apunta a la privatización de las cárceles, apunta a la resocialización”.

Además, indicó que  la guardia seguirá estando a cargo de la vigilancia y el control de los centros penitenciarios, y que, en caso de que se contraten empresas privadas, estas deberán garantizar todas las medidas de seguridad.

Según Benavides, el Inpec gasta entre 120.000.000 y 150.000.000 de pesos, el equivalente a la construcción de una cárcel, en remisiones de los internos a audiencias judiciales y citas médicas.

“Tenemos que construir lugares adecuados, complejos en los que los jueces puedan operar dentro de los mismos centros de reclusión, evitando los riesgos y gastos de traslado. Que cuenten con salas de audiencia virtual y que cada centro penitenciario cuente con la atención básica de salud para los internos”, señaló.

El próximo jueves, el Gobierno y el Congreso participarán en un nuevo evento en la Universidad Javeriana, para dar a conocer los detalles del proyecto.