A propósito de los resultados del plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz de La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las Farc, la Sala Penal de la Corte Suprema señaló una serie de consideraciones sobre la justicia penal en el marco de la jurisdicción especial para la paz (JEP).

Lo anterior para que sean tenidas en cuenta, si así lo consideran las partes, en una eventual renegociación del acuerdo de paz.

Entre las sugerencias de la Sala Penal sobre el componente de justicia, uno de los puntos más cuestionados por los opositores del Gobierno Santos, se encuentran las siguientes:

1. Vale la pena decir inicialmente que los magistrados de esta corporación respaldan dicha jurisdicción, bajo la concepción de una justicia especial y, además, transitoria que forme parte de la Rama Judicial. (Lea: Especial ÁMBITO JURÍDICO sobre el proceso de paz)

2. Los magistrados que integren este tribunal especial deberían ser colombianos de nacimiento y quedar sometidos al control disciplinario, fiscal y penal previsto para los funcionarios de la jurisdicción ordinaria.

3.Dicha instancia debe ser el órgano de cierre en los asuntos asociados al conflicto propios de la justicia transicional, menos en los siguientes casos, respecto de los cuales esa condición debe ostentarla la Sala Penal:

· La acción de revisión de los procesos penales donde exista cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia transicional, sin perjuicio de que la JEP, en función de los fines que persigue, pueda modificar las sanciones impuestas en esos procesos.

· La resolución de los conflictos de competencia que se generen entre las jurisdicciones ordinaria o militar con la JEP

· Las resolución de la acciones de tutela contra las anteriores actuaciones.

· Los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento de la JEP en los que se soliciten personas sometidas a ella, con mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas al conflicto.

4. El presidente de la Sala Penal, Gustavo Enrique Malo, dijo que la JEP debe aplicar preferencialmente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional y, a su vez, por integración, el derecho internacional en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. (Lea: Actor del conflicto que no diga la verdad se va para la cárcel: Henao)

5. Agregó que el término de vigencia de la JEP debe ser de 5 años, prorrogables hasta en otro tanto, y que sea de  competencia del comité que seleccione a los magistrados del tribunal especial la designación del secretario ejecutivo de la JEP.

Ministro de Justicia explica la justicia transicional

Justamente,  Ámbito Jurídico entrevistó al Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia, el cual resolvió las principales dudas de la comunidad jurídica en torno al limbo en materia de justicia transicional que trajo consigo la victoria del No en el plebiscito.

Fiscal General de la Nación

Por otro lado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo un llamado para que en este periodo de renegociación sean tenidas en cuenta tanto las altas cortes como la entidad que él preside.  (Lea: Fiscalía aclara que no ha propuesto un modelo específico de justicia transicional)

Sostuvo  que dicho requerimiento se fundamenta, principalmente, en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica al proceso. De esta manera, el jefe del ente acusador solicitó que sean revisados estos temas para avanzar efectivamente en las negociaciones:

·         La tutela frente a las sentencias de la JEP.

·         El manejo de los activos de las Farc.

·         La cosa juzgada y los terceros que financiaron con los actores del conflicto armado.

Frente a la relevancia del rol de la justicia, el alto funcionario resaltó  que es importante que se escuche a los operadores judiciales. “Necesitamos seguridad jurídica y la necesitamos para todo, para los desmovilizados, para los terceros, para los agentes del Estado”.

Agregó la importancia de que este nuevo proceso sea corto, con el fin de acabar con la incertidumbre jurídica y política en la que se encuentra el proceso de paz con las Farc.

No habrá ‘astucia jurídica’: Santos

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos,  afirmó, en el marco de la entrega del VI Premio Excelencia en la Justicia, que su Gobierno no está buscando recurrir a alguna ‘astucia jurídica’ para desconocer los resultados del plebiscito.

Además,  enfatizó que no está impulsando demandas interpuestas ante la administración de justicia  que cuestionan el resultado del mecanismo de refrendación popular celebrado el 2 de octubre pasado.

En esa medida, subrayó que el Gobierno siempre ha reconocido el triunfo del No y desde entonces trabaja para que lo suscrito en Cartagena adquiera la legitimidad necesaria para poner en marcha su implementación. (Lea: En las altas cortes se decidiría suerte del acuerdo de paz)

Insistió en que tal y como lo había prometido, sometió a refrendación el acuerdo pactado en La Habana y cumplió el veredicto expresado en las urnas por el constituyente primario.

Santos comentó que durante las tres semanas siguientes a la realización del ejercicio democrático ha escuchado “cientos de propuestas de los voceros de todas las tendencias en el país”, las cuales están siendo analizadas por las partes para hacer viable el nuevo acuerdo.

“Yo tengo la certeza de que pronto vamos a poder cumplir a los colombianos su reclamo colectivo de alcanzar el mejor acuerdo posible y ponerlo en marcha sin dilaciones”, concluyó.

Corte Suprema de Justicia, Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Comunicado, Oct. 24/16

Documentos disponibles para suscriptores de LEGISmóvil. Solicite un demo.