La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al juez Bernardo Morales Casas de una condena principal de 100 meses de prisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y por omisión, tras una sentencia que emitió contra Ecopetrol en la que condenó a esta empresa al pago de $ 541 millones. Dicha suma de dinero fue establecida por un auxiliar de la justicia dentro del trámite de un dictamen pericial practicado durante el proceso civil que posteriormente sería confirmado. La entidad estatal acusó al togado por haber incurrido en varios delitos contra la administración pública y la fe pública, al obrar dolosamente cuando acogió sin reservas el dictamen pericial, y de haber firmado falsamente el auto de notificación que ordenaba correr traslado del dictamen pericial a la entidad demandada. Para el alto tribunal, los planteamientos acusatorios estaban infundados, pues se pudo comprobar que sí se concretó el auto de notificación, “y si se incurrió en una falencia en la elaboración del aviso, la misma no es atribuible al juez sino a la secretaria encargada por disposición legal de esa labor, acorde con lo estatuido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil”, concluye la providencia (M.P José Luis Barceló).