A partir del próximo 10 de abril, las aseguradoras autorizadas para operar el ramo de seguro educativo, excepto las que desarrollen actividades de reaseguro, deberán acreditar y mantener, además del capital mínimo de constitución previsto en el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, un patrimonio de $ 1.403 millones, acaba de decretar el Gobierno, al reglamentar el régimen de reservas de esas compañías. Según la reglamentación, el pago de dicho seguro se realizará directamente a la institución de educación superior o a aquella que ofrezca otra clase de programas educativos a realizar.