Cualquier explotación de juegos de suerte y azar por fuera del marco normativo, es decir, sin la debida autorización o la previa celebración del respectivo contrato de concesión, que garantice el ingreso de derechos de explotación o de la renta producto de la misma o de la operación del monopolio, afecta la financiación de los servicios de salud, sin que se disponga de datos exactos del monto de los recursos que se evaden por prácticas como la promoción y venta no autorizada de juegos novedosos a través de canales como internet, entidades financieras y demás medios que sirven para este fin. Según el Ministerio de Salud, estas actividades se desarrollan de manera clandestina, por lo que es imposible estimar el monto de las apuestas, valor de los premios ofrecidos y pagados, frecuencia de los aciertos y, en general, las estadísticas propias que, desde las perspectivas del margen legal, permitirían calcular porcentajes de evasión y características de la ilegalidad.