Si bien es cierto que los recursos que financian la salud son inembargables y tienen destinación específica, estas condiciones desaparecen cuando entran al patrimonio del prestador público o privado, como pago por los servicios prestados. Por lo tanto, como ya cumplieron su finalidad, estos pierden la condición de inembargables y pueden ser objeto de la medida de embargo. Así lo precisó el Ministerio de Salud, en oficio de agosto.