Por supuestamente haber desconocido órdenes judiciales dirigidas al reconocimiento de una pensión especial de vejez por hijo inválido, expedidas desde el año 2012, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del anterior presidente de la entidad, Pedro Nel Ospina Santamaría, y de la exgerente nacional de reconocimiento, Isabel Cristina Martínez Mendoza, a quien también se le endilga no haber contestado un derecho de petición del mismo beneficiario. Así mismo, se formularon cargos contra el actual presidente, Mauricio Olivera González, y quien ostenta en el momento el cargo de gerente nacional de reconocimiento, por la demora, aparentemente, hasta el mes de julio del año 2014 en la expedición del acto de reconocimiento. Según el Ministerio Público, con dichas conductas posiblemente incurrieron en falta disciplinaria grave, contenida en los artículos 34 y 35 de la ley 734 del 2002, en concordancia con lo previsto en los artículos 6, 123 y 209 constitucionales, a título de culpa grave.