Una acción de cumplimiento motivó a que la Sección Quinta del Consejo de Estado concediera al Gobierno Nacional un término de dos meses para disponer sobre la subrogación de las obligaciones del extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS), en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales. De esta manera, el Presidente de la República y los ministros de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública deberán hacer efectivo el mandato consagrado en el parágrafo 1º del artículo 52 de la ley que adoptó medidas para la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (Ley 489 de 1998). Según esta disposición, el acto que ordene la supresión, disolución y liquidación de una entidad u organismo administrativo nacional debe disponer sobre la subrogación de obligaciones y derechos, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos. Por eso, una vez el alto tribunal evidenció que el Decreto 2013 del 2012, que suprimió el ISS y ordenó su liquidación, omitió pronunciarse sobre la entidad encargada de asumir los pasivos de la extinta entidad en sentencias de responsabilidad extracontractual y contractual del Estado, concedió la razón al accionante (C. P. Rocío Araújo)