En mayo se firmará un Conpes del teletrabajo y se desarrollará la política pública que incorporará a la población vulnerable, entre ella las personas en condición de discapacidad, desplazamiento forzado y las mujeres cabeza de hogar.

Así lo anunció hoy el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, quien señaló que el documento ya se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación, para su aprobación.

El objetivo es permitir que el teletrabajo se posicione en la agenda política del país, a través de la articulación de las diferentes entidades del Estado, teniendo en cuenta que constituye una herramienta transversal en procesos sociales, empresariales, laborales y de infraestructura.

Las entidades adscritas al sector trabajo, Colpensiones, el Sena, las unidades administrativas especiales de organizaciones solidarias y de servicio público de empleo y la Superintendencia del Subsidio Familiar también se unieron a esta modalidad.

Según el ministerio, 4.200 empresas se han vinculado al teletrabajo. De ellas, 3.100 están en Bogotá, y se espera que, al final de año, 75.000 teletrabajadores estén vinculados en todo el país.

Igualmente, señaló que el 44 % de entidades que han implementado el teletrabajo pertenecen al sector público y el 56 %, al sector privado.

Finalmente, precisó que en esa cartera están vinculados, hasta el momento, 33 teletrabajadores; en el Ministerio de las TIC, 26; en la Superintendencia de Industria y Comercio, 10; en la Agencia Nacional de Televisión, 13, y en el Departamento Administrativo de la Función Pública, 4.

Vale la pena recordar que, en mayo del 2012, el Gobierno expidió la reglamentación de la Ley 1221 del 2008, que estableció el teletrabajo en Colombia. El Decreto 884 busca impulsar esta modalidad y asegurar que los teletrabajadores cuenten con todas las garantías laborales establecidas en la ley.