A través de 38 decretos, que se pueden consultar en el documento adjunto a esta noticia, el Gobierno definió la asignación básica de los empleados estatales, con retroactivo al 1° de enero pasado. Las normas cobijan a funcionarios de la Rama Ejecutiva, corporaciones autónomas regionales (CAR), empresas estatales, organismos de control, Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, justicia penal militar, entidades territoriales y universidades públicas. También se estableció el reajuste de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales y las nuevas escalas de viáticos para empleados públicos. Debe recordarse que el incremento del IPC en el 2017 fue de 4,09 %, y que producto de las negociaciones con las organizaciones sindicales de empleados públicos se acordó un punto porcentual adicional, haciendo que el ajuste a los salarios y prestaciones en el 2018 llegue a 5,09 %.