El Presidente de la República sancionó la ley que fortalece las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácidos, álcalis o sustancias similares que generen daño o destrucción de la piel. Según la reforma al artículo 113 de la Ley 599 del 2000, habrá penas entre los 72 y los 126 meses de prisión y multas que van desde los 34 y hasta los 54 salarios mínimos para los agresores que causen deformidades físicas con estas sustancias. Ahora bien, si se afecta el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. En cuanto a la comercialización de ácidos, se crea un registro para controlar su venta. Finalmente, se define una ruta de atención integral para las víctimas y se les garantizan mecanismos para proporcionarles ocupación o continuidad laboral.