Gobierno garantiza inclusión laboral en el sector público de personas con discapacidad

Con el propósito de avanzar hacia una vida digna en igualdad de oportunidades, sin exclusiones, ni discriminaciones hacia las personas con discapacidad, los representantes legales de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades descentralizadas de la Rama Ejecutiva del orden Nacional deberán atender las siguientes directrices:  

i) Dar cumplimiento a los porcentajes de vinculación de personas con discapacidad en el sector público de acuerdo con el tamaño total de la planta de personal. Esto se deberá reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública en el primer bimestre de cada año, a través del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP). 

ii)  Promover la implementación de estrategias como el teletrabajo, horarios flexibles, espacios de formación y capacitación, entre otras medidas que sean favorables para que las personas con discapacidad desempeñen bien sus funciones. 

iii)  Implementar la ruta de empleabilidad para las personas con discapacidad en el sector público, la cual está enmarcada en el contexto del ingreso, desarrollo, ascenso y retiro del servidor público, de conformidad con la Ley 909 del 2004 y el Decreto 1083 del 2015. 

 iv) Las áreas de talento humano de los órganos, organismos y entidades destinatarias de la presente directiva promoverán que los servidores públicos con discapacidad que se encuentren vinculados en sus plantas de personal obtengan el certificado de discapacidad expedido por las instituciones autorizadas por la secretaría de salud respectiva.  

Sin embargo, este certificado de discapacidad no puede constituirse en una barrera para que las personas con discapacidad puedan vincularse o desvincularse laboralmente con el sector público.  

Finalmente, la normativa invita a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y las entidades territoriales a adoptar las medidas de esta directiva, u otras que contribuyan a garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el campo laboral. 

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