Contraloría alerta sobre posible colapso del sistema de energía y gas

La Contraloría General de la República reiteró su preocupación al Gobierno nacional respecto a la posible falta de energía en el país, alertando sobre el riesgo de racionamiento. Este llamado se basa en su estudio sectorial sobre seguridad energética y en una advertencia emitida en noviembre del 2024 al Ministerio de Minas y Energía.

La entidad instó a una acción conjunta para evitar el daño al patrimonio del Estado, causado por los retrasos en los pagos de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas. También se destacó la creciente deuda de entidades públicas con los prestadores de estos servicios, lo que pone en peligro tanto la estabilidad financiera de las empresas como la accesibilidad a los servicios para los usuarios más vulnerables.

La falta de pago de los subsidios y la deuda acumulada de las entidades estatales tienen consecuencias directas sobre el acceso a los servicios públicos, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. La Contraloría teme que si no se regulariza esta situación los usuarios más necesitados podrán enfrentar un aumento en sus tarifas, lo que afectaría su capacidad de acceso a servicios esenciales como la electricidad y el gas. De no tomar medidas, las empresas de servicios públicos, algunas de ellas de propiedad estatal, podrían enfrentar serias dificultades financieras, lo que afectaría el desarrollo económico y la calidad de vida de las personas más vulnerables. (Lea: Colombia producirá 100 millones de galones de combustible sostenible de aviación para 2035)

La deuda acumulada por los subsidios no pagados es alarmante y asciende a más de $ 7 billones a finales del 2024, lo que representa aproximadamente el 60 % de los recursos necesarios anualmente para el correcto funcionamiento de los servicios. La Contraloría destacó que la falta de liquidez en las empresas, sumada a la amenaza de desmonte de subsidios, podría resultar en aumentos significativos de tarifas, especialmente perjudiciales para los hogares de bajos recursos. Este escenario también incrementa el riesgo de que las empresas pierdan la confianza de los inversores y se vean afectadas por la inseguridad energética.

La situación financiera de las empresas de servicios públicos se complica aún más por la falta de mecanismos claros para cubrir la deuda de los usuarios de estratos bajos. A pesar de que el artículo 14 del proyecto de ley de financiamiento proponía reconocer como deuda pública estas obligaciones, el archivo de dicho proyecto ha dejado un vacío legal.

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Paute en Ámbito Jurídico. 

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