Aseguradoras deben asumir calificación de PCL cuando hayan aceptado riesgo de invalidez y muerte

Corresponde a las aseguradoras asumir el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) cuando hayan aceptado el riesgo de invalidez y muerte, especialmente en aquellos casos en los que el beneficiario demuestre falta de capacidad económica para pagar. Así lo determinó la Corte Constitucional, al tiempo que advirtió a la accionada para que, en lo sucesivo, observe la normativa y jurisprudencia constitucional sobre pago de honorarios y no imponga barreras.

El alto tribunal recordó que la principal función de las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez es emitir dictámenes de PCL, según estudio del expediente y valoración del paciente, lo cual permite el reconocimiento y pago de ciertas prestaciones sociales o erogaciones económicas a quienes han sufrido una disminución en su capacidad laboral, como la pensión de invalidez y la indemnización por incapacidad permanente, respectivamente.

El artículo 17 de la Ley 1562 del 2012 dispone que los integrantes de las juntas de calificación de invalidez reciben honorarios y que estos están a cargo de la administradora de fondos de pensiones o la administradora de riesgos laborales. Sin embargo, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 también dispone que corresponde determinar la PCL a las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicha obligación adquiere especial importancia cuando el beneficiario del seguro está en condiciones de vulnerabilidad, pues al ser un servicio esencial en materia de seguridad social su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, ya que este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social, indicó la Sala.

Así las cosas, corresponde a las compañías de seguros realizar en primera oportunidad el dictamen de PCL y calificar el grado de invalidez, siempre que hayan asumido el riesgo. Esta obligación, agregó la corporación, implica sufragar el pago de honorarios de las juntas de calificación de invalidez, en los términos de la Ley 100 de 1993, Ley 1562 del 2012 y la jurisprudencia constitucional (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico. 

Siga nuestro canal en WhatsApp.