El fallo que inhibe un pronunciamiento respecto a los cargos formulados contra el oficio que comunica a un empleado que es desvinculado como consecuencia de un proceso de reestructuración en una entidad pública desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia. Así lo recordó la Corte Constitucional al dejar sin efectos las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues las autoridades judiciales al calificar el acto de comunicación como de ejecución o trámite dejaron de decidir sobre el fondo del asunto puesto a su consideración. Según la corporación, esta actuación configura el desconocimiento del precedente sentado por el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional en el que se sostiene que no se puede exigir, ante este tipo de eventos, la demanda sobre los actos de incorporación, ya que bajo el abrigo del principio de la confianza legítima solo debe atacarse el acto a través del cual la entidad indica el despido (M. P. Jorge Iván Palacio).