Cuatro meses no serán suficientes para formalizar empleos: Procuraduría

El 30 de diciembre, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, emitió un oficio con observaciones a la Circular 100-005/22 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que tiene los lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad para el 2023. (Lea: Gobierno emite lineamientos para ejecutar el Plan de Formalización del Empleo Público).   

Ante esto, por medio de una circular conjunta, el DAFP y Colombia Compra Eficiente (CCE) respondieron a las críticas hechas por la cartera laboral. En el documento, el DAFP da un tiempo máximo de cuatro meses para hacer la transición a contratos de planta y señala las excepciones en las que las entidades del Estado podrán suscribir contratos de prestación de servicios a partir de ahora (LEA: Conozca cómo se celebrarán contratos de prestación de servicios durante el 2023).

Frente a las circulares emitidas, la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, presentó un derecho de petición al DAFP en el que le solicita esclarecer el aparente conflicto entre la circular y la autonomía de las entidades territoriales para su planta de personal. Además, sostiene que la modificación de los contratos de prestación de servicios puede ser ilegal e inconstitucional.

Juvinao solicitó informar el alcance y aplicación de las circulares, debido a que por la ley de garantías se prohíbe a los entes territoriales modificar la nómina cuatro meses antes de las elecciones que se realizarán este año.

Ahora, la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social envió una carta al Gobierno Nacional en la que le solicita tomar acciones y regular la forma en que se firmarán los contratos de prestación de servicios en entidades del Estado, con el objetivo de que se respeten los derechos de los trabajadores estatales.

El documento expone que cuatro meses para formalizar los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión resultan escasos, por lo que solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.

“No se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, comunicó la procuradora e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.

La circular enviada pide también que las autoridades públicas den cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, para garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las altas cortes del país.