La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1421 del 2010 y  cuatro artículos de las leyes 1106 del 2006, 782 del 2002, 548 de 1999 y 418 de 1997, que derogaron la pensión de invalidez para las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad.

Según la entidad, esas disposiciones “sin justificación alguna,  derogaron ese beneficio para quienes sufren disminución de su capacidad laboral desde un 50 %”.

En ese sentido, advirtió que el hecho de establecer anticipadamente un término de vigencia para la pensión de invalidez y luego suspenderla sin ofrecer razones de justificación vulnera el principio constitucional de progresividad para los derechos sociales.

Restituir la pensión de invalidez para este segmento de la población víctima del conflicto armado interno abarca el concepto de reparación y, por tanto, resulta necesario un cambio en la normatividad vigente, agregó la Defensoría.

Según la Red Nacional de Información, de las 6.231.617 víctimas del conflicto armado, 152.153 han sufrido la condición de discapacidad. De este universo de víctimas discapacitadas, 11.233 (7,3 %) son menores de edad y 137.070 (el 90 %) adultos.