Tres años después de expedida la Ley 1257 del 2008, que tipificó el acoso sexual y dictó medidas para combatir la violencia y la discriminación contra la mujer, el Gobierno estableció las competencias de las entidades territoriales y los establecimientos educativos para la adopción de proyectos pedagógicos encaminados a erradicar tales conductas, reglamentó la atención y la prestación de los servicios de salud a las víctimas y señaló las facultades de la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia, los juzgados civiles y los jueces de control de garantías para garantizar el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece esa norma para su protección. Uno de los tres decretos obliga a las autoridades competentes a informarles a las mujeres víctimas su derecho a no ser confrontadas con el agresor y a no conciliar, ante lo cual quedará agotada esa etapa y se dará continuidad al proceso. Las víctimas también tienen derecho a participar o no en cualquier procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal ante cualquiera de las autoridades competentes en las que esté presente el agresor.