Ante la Corte Constitucional fue demandado el artículo 3º del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), que aumentó de uno a dos años la prohibición a los servidores públicos para que presten servicios de asesoría en asuntos relacionados con las funciones del cargo que desempeñaban. Según el accionante, el exmagistrado Rodrigo Escobar, la disposición restringe el derecho al trabajo y puede llegar a afectar el mínimo vital de quienes fueron funcionarios, pues no hace ninguna distinción entre las diferentes características de los cargos públicos, por lo que es una medida desproporcionada y excesiva. Adicionalmente, el demandante estima que la norma no resulta necesaria, pues existen disposiciones vigentes que tienen el mismo propósito. La demanda fue admitida por la Corte mediante auto de mayo 14 del 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas).