El Ministerio de Defensa excluyó de la cobertura del sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, además de las establecidas en el artículo 7º de la Ley 1698 del 2013, aquellas conductas relacionadas con la tortura y desaparición forzada. Esto en razón a que no son compatibles con la misión constitucional asignada a los miembros de la institución o con ocasión de ella, explicó el ministerio en el Acuerdo 006 del pasado 1º de diciembre.