En circular dirigida a los alcaldes municipales y a las autoridades municipales de educación y de transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte los exhortó para que realicen actividades concertadas para el cumplimiento de las reglas fijadas para el transporte escolar en cada una de sus jurisdicciones. De estas actividades, según la entidad, merece especial atención la verificación de las condicio­nes operativas y de seguridad de los prestadores del servicio, que guarda relación directa con el acceso a la educación. Al respecto, el Decreto 1079 del 2015 define al contrato para transporte de estudiantes como el que se suscribe entre la entidad territorial o la secretaría de educación de entidades territoriales certificadas o el centro educativo o la asociación de padres de familia o un grupo de padres con una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la prestación del servicio entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo, incluyendo las salidas extracurriculares. Por lo anterior, la superintendencia resaltó algunas reglas cuyo cumplimiento están a cargo de las autoridades locales y también recomendó algunas actividades, que serán materia de control posterior por parte de la Superpuertos, las cuales incluyen operativos de control a las rutas, que cubran tanto las zonas urbanas como rurales de cada municipio, por lo menos, dos veces al mes.