Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno devolvió al Congreso el proyecto de ley que establece normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas, por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia. Dentro de los reparos del Ejecutivo cabe destacar que , por ejemplo, apartes de la norma parten del supuesto que la Corte Constitucional va a declarar infundada la objeción hecha contra el parágrafo 1° adicionado al artículo 96 de la Ley 142 de 1994 por el artículo 1° del proyecto que pretende eliminar cobro por reconexión de servicios públicos. Dice el Ejecutivo que si la Corte estima que le asiste razón al Gobierno respecto de las impugnaciones el texto deberá ser archivado, lo cual implicará, necesariamente, que no habrá usuarios residenciales a los que no se les eliminan los cobros por reconexión del servicio. Por último, señala que lo más prudente es esperar a que el alto tribunal adopte una decisión. “Solo hasta que esa corporación se pronuncie sobre el particular se tendrá verdadera certeza sobre el alcance de las normas que fijan el cobro de los servicios de reconexión y reinstalación y, de esta forma, se podrá regular el tema con la seriedad y la seguridad jurídica que el país necesita”, puntualiza la Presidencia.