Por la presunta vulneración del debido proceso administrativo por desconocimiento del principio de legalidad fue solicitada la inexequibilidad de la expresión “y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente”, contenida en el artículo 5º de la Ley 1333 del 2009, que estableció el procedimiento sancionatorio ambiental. Efectivamente, el demandante sostiene que el aparte acusado otorga competencia a los reglamentos para establecer infracciones ambientales, lo que, a su juicio, es inconstitucional, en tanto la ley es la única llamada a crear infracciones.