CIDH presenta balance sobre el 154º Periodo de Sesiones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 154º Periodo Ordinario de Sesiones, del 13 al 27 de marzo. Durante las reuniones, el organismo avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes para resolver el atraso procesal.

Igualmente, se celebraron 55 audiencias públicas, en las que se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En estas audiencias participaron delegaciones de 19 Estados miembros de la OEA, más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas.

La Comisión destacó que las transiciones a la democracia que varios países de América Latina vivieron a mediados de la década de los ochenta constituyeron logros históricos. Según la información recibida por la CIDH, en estas décadas se han logrado avances muy significativos en la aprobación de leyes y políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la igualdad, en materia de acceso a la información pública, y en relación a la independencia judicial.

Sin embargo, advirtió que la región aún tiene profundos desafíos pendientes, tanto en materia de derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las graves violaciones del pasado, como en el ejercicio de los derechos humanos en el presente democrático.

“En algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles y centros de detención. Así mismo, existen significativos obstáculos en el acceso a la justicia. Los defensores y las defensoras de derechos humanos y los periodistas son objeto de amenazas, hostigamientos y asesinatos, que en un alto porcentaje permanecen impunes”, agregó.

De igual manera, alertó sobre una tendencia hacia la criminalización y represión de la protesta social en muchos países de la región, y agregó que “se recibió información según la cual en algunos países se utiliza frecuentemente a las Fuerzas Armadas para el control de las manifestaciones y en funciones de seguridad ciudadana, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.

Además, sostuvo que se recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas policiales, lo cual “genera un grave impacto, en especial sobre niños, niñas y adolescentes y sobre jóvenes afrodescendientes”.

Por otro lado, señaló que se recibió información altamente preocupante sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos que resultan de vivir en asentamientos urbanos. Así mismo, advirtió que la pobreza continúa afectando en forma desproporcionada a las mujeres, los niños y las niñas, los pueblos indígenas, y las personas afrodescendientes, así como a las personas con discapacidad y a los adultos mayores.

Para profundizar su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH anunció en abril del 2014 su intención de crear una relatoría especial, que empezaría a funcionar a finales del 2015, con la condición de que se reciban los recursos financieros necesarios. Para alcanzar este objetivo, invitó a los Estados miembros de la OEA a colaborar con aportes a un fondo especial destinado a recaudar recursos que se dedicarán, en forma exclusiva, a la creación y las actividades de esta relatoría.

Finalmente, recibió información de que personas de algunos países sufren represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben ‘otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter’ y no pueden enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”, concluyó.

La CIDH publicará en las próximas semanas un Informe sobre el 154 Período de Sesiones.