El Consejo de Estado dio a conocer el fallo mediante el cual respaldó el esquema establecido por el Gobierno para regular el uso de los recursos del Fondo nacional de calamidades, generado para mitigar el impacto de la ola invernal del 2011, al declarar ajustado a derecho el Decreto 2955 de 16 de agosto de ese año. La Sala Plena determinó que era razonable el plazo límite de dos meses para la ejecución de los dineros planteado en el artículo 1º, disposición que además permite que el fondo disponga nuevamente de los recursos una vez cumplidos los términos. A su vez, la corporación indicó que la posibilidad de contratar personal externo para auditar el destino de los recursos no desplaza a los organismos de control fiscal de su labor (artículo 2º del Decreto). Precisó además que la norma demandada se adecúa los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que pregona el artículo 209 de la Constitución; frente a los deberes de las autoridades administrativas, también resaltó que la disposición no sobrepasa los límites planteados en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, ante los medios de los que puede disponer la administración para controlar la actividad contractual (C. P. María Elizabeth García).