Por ser la educación una de las tareas específicas de la inversión social, destinar recursos para el fomento de la educación en las universidades públicas se incluye en las excepciones previstas a la obligación de destinación específica de las rentas nacionales. Así lo señaló la Corte Constitucional en un fallo dado a conocer recientemente que declaró exequibles los artículos 10 y 11 de la Ley 1324 del 2009. La sala explicó que en la Ley Orgánica de Presupuesto se define como gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las cuales incluye la educación (M. P. Mauricio González).