La iniciativa de 10 artículos establece lineamientos generales en materia de sistemas de medición de servicios públicos domiciliarios a partir de un nuevo arreglo institucional dentro del sector que contemple la asignación de competencias para la fijación de estructuras y costos tarifarios eficientes y proporcionales. Así, el Ministerio de Minas y Energía se encargaría de adoptar las medidas necesarias para implementar el uso de sistemas de medición inteligentes que permitan promover esquemas de eficiencia, mejorar la calidad y el control del servicio y reducir los costos de prestación. Se calcula que para el año 2030, al menos, el 95 % de los usuarios urbanos deberán ser atendidos con estos sistemas. Así, los sistemas de medición inteligente implementados deberán, al menos, tener la capacidad de limitar el consumo. Adicionalmente, se propone la creación de un fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía (Fenoge); con los recursos del fondo se podrán financiar parcial o totalmente, entre otros, programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3. Por otra parte, se establecerían sanciones para las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones y reclamaciones de los usuarios, así como a aquellas que incurran en el incumplimiento en la prestación del servicio cuando este sea manifiesto. En cuanto a los cargos por aportes de conexión de los estratos 1, 2 y 3, serán cubiertos por la entidad territorial, siempre que exista disponibilidad presupuestal. Por último, la reinstalación o reconexión del servicio deberá realizarse dentro de las 36 horas continuas siguientes al momento en que el usuario haya cumplido con sus obligaciones. El proyecto de ley ya cuenta con ponencia positiva dentro de esta etapa legislativa.