Acaba de aprobarse el proyecto de ley que contiene el marco jurídico que regiría las actividades de inteligencia y contrainteligencia estatal, en primer debate. Se decidió que la reserva legal de los documentos de inteligencia tendrá un término máximo de 40 años, prorrogable excepcionalmente por 15 años. Este mandato de reserva no vincularía a los periodistas si ejercen lícitamente su función. Además, el servidor público que dé a conocer informaciones clasificadas como secretas será castigado con prisión de 5 a 8 años. El proyecto de ley 195/11C pasa a estudio de la plenaria de la Cámara.