La iniciativa busca que se extienda por un año más el artículo 155 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) que exige a víctimas de grupos armados rendir declaración ante el Ministerio Público alrededor de los episodios de victimización. La Procuraduría recordó que el próximo 10 de junio vence dicho plazo, lo que supone que existe un riesgo alto de que víctimas de la violencia, por razones ajenas a su propia voluntad, no sean cobijada por esta garantía de reparación que estableció el legislador.