La Procuraduría General de la Nación pidió que se declare exequible el aparte del Acto Legislativo 01 del 2009, que extiende la inhabilidad establecida en el artículo 122 de la Constitución a las personas que hayan sido condenadas, en cualquier tiempo, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales. Según el Ministerio Público, la disposición no conlleva la sustitución de algunos elementos definitorios de la Constitución, pues dicha inhabilidad para ser inscritos en cargos de elección popular no es contraria al Estado de derecho, sino que genera instrumentos efectivos para la garantía de los derechos políticos y el aseguramiento de la democracia, con implicaciones en la depuración de las costumbres políticas, la lucha contra las organizaciones criminales y la defensa del patrimonio público.