La Procuraduría General de la Nación consideró que consagrar la inmovilización de las motocicletas como un medio para lograr el pago de las multas, producto de infracciones de tránsito, configura una sanción desproporcionada y discriminatoria en contra de los motociclistas respecto de los conductores de otros vehículos. Por tal razón, le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles los apartes normativos que fijaban dicha sanción (literales d3, d4, d5, d6 y d7 del artículo 21 de la Ley 1383 del 2010, que reformó la Ley 769 del 2002). Según el Ministerio Público, a los motociclistas se les aplica la sanción de la inmovilización, que el Código de Tránsito establece para las faltas más graves o para los casos de reincidencia, sin que exista justificación.