La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la excepción al deber de mantener el secreto profesional, prevista en el literal f) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007, cuando el abogado tenga la necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Según el Ministerio Público, dicha disposición no vulnera los derechos a la intimidad, a la igualdad y al debido proceso de sus clientes, pues el secreto profesional del abogado debe entenderse como la defensa de las personas y de sus intereses legales en las actuaciones e investigaciones judiciales o administrativas, pero no se extiende a la comisión de delitos en el futuro, pues el abogado perdería, a partir del momento en el cual asume la defensa a su cliente, su autonomía y se convertiría en cómplice y encubridor forzoso de delitos.