La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma que exime de la expedición de licencia urbanística para la construcción, adecuación o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria (artículo 36 de la Ley 1709 del 2014). A juicio del Ministerio Público, esta disposición desconoce las potestades que los entes municipales y distritales mantienen por mandato de la Constitución y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para establecer el uso del suelo. El concepto precisa que si bien el ente de control admite la necesidad de establecer mecanismos que faciliten la satisfacción de las urgentes necesidades que se viven en materia de infraestructura carcelaria, estas no pueden promoverse en detrimento de los principios de descentralización administrativa y autonomía territorial. La ponencia será proyectada por la magistrada Martha Sáchica.