En concepto rendido dentro del Expediente D-9278, la Procuraduría rechazó los cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 286, 288, 351, 356 y 367 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal). Según el Ministerio Público, el ejercicio del derecho a la defensa comienza desde que el procesado es informado de la investigación en su contra. Por lo tanto, no es irregular que pueda recibir beneficios por allanarse a cargos no imputados por la fiscalía. El ente de control tampoco encontró vicios de inconstitucionalidad derivados de la manera como el legislador decida premiar la colaboración con la justicia. Además, recordó que la propia Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la defensa se garantiza desde antes de la imputación de cargos, como lo señalan las sentencias C-591, C-799, C-1154 y C-1194 del 2005; C-210 del 2007 y C-025 del 2009, todas ellas recogidas en la Sentencia C-127 del 2011 (M. P. Luis Guillermo Guerrero).