La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la norma que establece que los profesores de universidades oficiales podrán ejercer la abogacía, siempre y cuando esta labor no interfiera con la de docente (parágrafo del artículo 29 (parcial) de la Ley 1123 del 2007). Sin embargo, el Ministerio Público pidió condicionar la norma a que se entienda que cobija a los maestros de instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas de carácter estatal u oficial. A su juicio, la norma no viola el derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución, ya que no supone que solo este tipo de docentes tengan la oportunidad de ejercer la profesión sino ocuparse de que quienes ejercen la enseñanza en este tipo de instituciones educativas también puedan fungir como abogados. La ponencia será proyectada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.