Según un reciente pronunciamiento de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, el servicio de vigilancia electrónica para personas privadas de la libertad (PPL) enfrenta graves deficiencias que comprometen la efectividad del control y la seguridad ciudadana.

La entidad advirtió que a pesar de los esfuerzos de la Uspec e Inpec, las acciones emprendidas para implementar, seguir y atender el Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE) no han sido suficientes ni efectivas, especialmente en relación con los dispositivos apagados o no monitoreados, y señaló la falta de un protocolo claro para gestionar las contingencias que surgen cuando los dispositivos de monitoreo no están operativos. (Lea: ¿Quiénes son responsables de la prestación de servicios médicos y asistenciales a la población reclusa?)

El Ministerio Público denunció que el pasado 2 de julio la plataforma Chronos reportó que 292 dispositivos presentaban intermitencias y 90 más estaban completamente apagados, sin que se conociera la respuesta de las autoridades ante este problema.

La Procuraduría también detectó problemas en la planificación presupuestal por parte de la Uspec, lo que ha dificultado la contratación de una interventoría integral, esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista encargado del servicio. (Lea: Inpec tiene seis meses para implementar programas y actividades de resocialización)

“La falta de un protocolo adecuado y de una supervisión efectiva incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana y la administración de justicia”, comunicó la entidad y exigió nuevamente a la Uspec e Inpec tomar acciones prontas y efectivas para corregir estas deficiencias.

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