Retirar la identificación personal de los usuarios de servicios públicos de las facturas correspondientes no implica que se retire de la base de datos o catastro que deben manejar las empresas prestadoras, pues cada usuario o suscriptor está identificado por un número de cuenta. Por lo tanto, frente a la solicitud de retirar nombre y apellido, corresponde al prestador determinar si la inclusión de estos datos en la factura es una violación al hábeas data y, en ese orden de ideas, proceder a retirarla, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos. Así mismo, el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, al establecer los requisitos de las facturas, no señala expresamente que el nombre y el apellido del suscriptor deben aparecer allí.